Aunque muchos políticos europeos juegan a la política del avestruz y otros pretenden no haberse enterado de lo que ocurre, lo cierto es que todos los problemas que tiene planteados Europa desde la II Guerra Mundial, están directa o indirectamente relacionados con la inmigración masiva procedente del tercer mundo.
Y cuando digo todos los problemas, me refiero justamente al amplio significado de ese vocablo. Incluso problemas microeconómico-sociales como la actual crisis bancaria que está padeciendo España, que para cualquier ciudadano o cualquier político podría aparecer desvinculada de la inmigración masiva, lo cierto es que esta crisis financiera, —al igual que el resto de problemas que afronta Europa y España en este momento— está directamente relacionada con la regularización masiva de inmigrantes procedentes del tercer mundo. Los individuos de origen europeo, que han creado y desarrollado los avances técnicos, científicos y económicos del planeta Tierra, hoy constituyen solamente el 9% de la población mundial.
La mayoría de los políticos europeos desconocen que la pérdida de competitividad relativa que padece Europa desde la II Guerra Mundial se debe a la masiva afluencia de inmigración tercermundista. Casi todos los sectores improductivos del continente europeo occidental subsisten en la medida en que hay inmigrantes disponibles procedentes del tercer mundo. Tareas poco productivas; trabajos ineficientes y labores de bajo valor añadido en todos los sectores del continente europeo, existen debido a la llegada de inmigración tercermundista y balcánica. Todos esos sectores y todas esas tareas ineficientes e improductivas, habrían desaparecido o habrían sido robotizadas sin la inmigración extraeuropea.
La expansión desmedida del sector de la construcción en España, fue posible por la afluencia masiva de inmigrantes extraeuropeos y balcánicos, con el visto bueno de los gobiernos del PP acaudillados por “Ansar” y los del PSOE abrevados por “Zapo”, ambos, “políticos profesionales”, totalmente desvinculados de la sociedad. Sin el asentamiento en el país de esos ocho (8) millones de “sin papeles”, no habría sido posible la expansión descontrolada del sector de la construcción y el posterior pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La ficticia y desmedida expansión del sector de la construcción en España se nutrió de unos bajos tipos de interés por la pertenencia del país al euro y la ilimitada afluencia de mano de obra subalterna y barata procedente de países extraeuropeos y balcánicos. Las entidades financieras se sumaron alegremente al carro, ofreciendo créditos hipotecarios masivos, que pinchada la burbuja, se convirtieron en morosidades masivas, desahucios masivos y masivos activos inmobiliarios invendibles, lastrando sus balances, de tal forma que aquellas entidades gestionadas por políticos, como Caja Madrid (Bankia), acabaron en la semiquiebra y posterior rescate con fondos públicos.
Desinflada la burbuja inmobiliaria y las demás burbujas alimentadas por las regularizaciones masivas, ahora España se encuentra con una población de cuarenta y siete (47) millones de habitantes, de los cuales solamente trabajan diecisiete (17) cuando deberían cotizar al menos treinta (30) para la que la economía nacional fuese sostenible. Muy pocos de los 8 millones de sin papeles regularizados son aprovechables por la economía del país, o lo que es lo mismo, su empleabilidad es prácticamente nula. Además, el sistema productivo español no puede crear los 13 millones de puestos de trabajo que garantizarían la estabilidad macroeconómica del país, a pesar de lo cual, ninguno de los ocho (8) millones de “sin papeles” irregularmente regularizados, ha salido del país, incrementando el índice de paro, acrecentando el déficit público, colapsando las infraestructuras, hundiendo la productividad, agravando la inseguridad ciudadana y enrareciendo el ambiente social y étnico. Hay un nuevo gobierno desde hace cinco meses y todavía no se ha tomado la decisión de mostrar la puerta de salida a esos ocho (8) millones, tal vez por ser algunos de estos mismos políticos, activos bajo la otrora dedocracia de “Ansar”, parcialmente responsables de esta agobiante situación.
Semejante anomalía socioeconómica ha sido y sigue siendo posible por el rancio sistema electoral español, que mantiene la desvinculación entre la clase política y sus electores, lo que posibilita que los políticos tomen decisiones en contra de los intereses de los electores y a espaldas de los deseos de los españoles. Los políticos españoles son colocados en las listas electorales por la cúpula del partido político en el que militan y deben su lealtad a aquellos que los han colocado en las listas y no a los votantes de base. Es decir, los políticos españoles no son incluidos en las listas electorales por los votantes de los distritos a los que deberían representar y ante los que deberían responder por su gestión, sino por la cúpula del partido político que confecciona las listas. Una vez en el poder, el político español solamente profesa lealtad hacia la cúpula de su partido y no hacía sus votantes, de los que en ningún momento ha dependido para acceder a la política o para mantenerse en la política. Es por tanto prioritario modificar el sistema electoral español, para que los sufridos votantes españoles sean directamente representados por sus políticos, evitando, como hasta ahora, las continuas y catastróficas decisiones políticas a espaldas y en contra de los intereses de los ciudadanos.
28.05.2012
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